El Supremo de EE UU prohíbe poner GPS a sospechosos sin orden judicial
Yasir Afifi, de San José, California, muestra el GPS instalado en su coche
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictaminado este lunes que los cuerpos policiales necesitan una orden judicial para localizar a las personas acusadas de delitos o puestas en libertad bajo fianza a través de detectores de posicionamiento GPS. Según la sentencia, hecha pública este lunes, seguir los desplazamientos de una persona mediante esta práctica equivale a hacer un registro en su propiedad privada.
El Juez Antonin Scalia, encargado de redactar la decisión, argumentó que la Cuarta Enmienda de la Constitución norteamericana protege a los ciudadanos contra búsquedas y apropiaciones injustificadas, lo que a partir de ahora incluirá el seguimiento a través de un GPS. Scalia indicó que "al colocar el aparato en" el vehículo de un sospechoso, la policía “allanó un área protegida".
La Corte Superior de Justicia de EE UU se pronunciaba así a raíz del caso de Antoine Jones, un traficante de drogas condenado gracias a que la policía colocó un GPS en su vehículo y pudo seguir sus movimientos durante 28 días. Los agentes tenían permiso para utilizar este sistema, pero la orden había caducado antes de que llegaran a instalarlo. El sistema de localización les permitió seguir al sospechoso, dueño de un local nocturno en Washington, hasta una residencia donde encontraron 100 kilos de cocaína y casi un millón de dólares en efectivo.
Un tribunal de apelaciones revisaría después el caso, pidiendo que se rechazara toda evidencia obtenida gracias a aquel seguimiento. El hallazgo de la droga y el dinero gracias al GPS jugaron un papel esencial en la condena impuesta a Jones, cadena perpetua por tráfico de drogas y conspiración para distribuir cocaína, condena que ahora deberá ser rechazada.
Los nueve jueces del Tribunal Supremo respaldaron esta decisión por el uso ilegal del GPS y cuatro de ellos propusieron impedir también que se haga un rastreo durante un período de tiempo tan amplio. La sentencia debía establecer si el movimiento de un vehículo privado por la calle es una actividad pública o privada, algo en lo que diversos juzgados estatales han tomado posiciones distintas. La decisión de los jueces, que se decantaron por esto último, contradice a lo que defiende la Administración Obama, que argumenta que se puede prescindir de una orden judicial para seguir los desplazamientos de un coche en la vía pública a través de un sistema digital de localización.
En los últimos años los avances de la tecnología han permitido crear dispositivos móviles, cámaras de vídeo, teléfonos y sistemas de navegación capaces de identificar la ubicación de un individuo. “La disponibilidad y el uso de estos y otros dispositivos seguirán condicionando las expectativas de una persona en cuanto a la privacidad que quiera mantener durante sus movimientos diarios”, concluyó el juez.
Sin embargo, la sentencia deja para otro juicio una decisión sobre el uso de otros sistemas, limitando la resolución al uso de GPS en el cajuiciso de Jones. La Juez Sonia Sotomayor añadió a la sentencia que el caso abre interrogantes muy difíciles sobre el rango de privacidad de la que pueden disfrutar los ciudadanos en la era digital.
Fuente:El País.
