Blindan la privacidad de los móviles: la policía no puede registralos sin una orden
La Corte Suprema de EEUU determinó que la policía debe tener una orden judicial para revisar un cellular.
La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que la policía debe disponer de una orden judicial para poder revisar un teléfono celular de un sospechoso.
El fallo, referido a dos casos ocurridos en los estados de California y Massachusetts, supone una victoria para los defensores de la privacidad de los ciudadanos, ante la cual se oponía la necesidad de investigación en un caso criminal.
En la actualidad, la policía puede buscar en cualesquiera que sean los objetos físicos que estén a su alcance y pertenezcan a un detenido, con el objetivo de hallar pruebas incriminatorias.
El presidente de Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., dijo que la gran cantidad de datos contenidos en los teléfonos móviles modernos se debe proteger de una inspección rutinaria.
Los teléfonos celulares merecen la misma protección de "revisiones y confiscaciones improcedentes" como cualquier otra propiedad --por ejemplo los hogares-- contempladas en la Cuarta Enmienda de la Constitución Amendment, dijo el máximo tribunal de Estados Unidos tras abordar dos casos afectados por esa práctica policial.
La Corte, que trata dos casos que involucran a sospechosos cuyos teléfonos móviles fueron revisados por la policía, consideró las libertades garantizadas en la constitución.
El máximo magistrado estadounidense, John Roberts, escribió que los principios de los Padres Fundadores siguen vigentes a pesar de la tecnología del siglo XXI.
"La oposición a tales revisiones fue de hecho uno de las fuerzas motrices de la propia revolución", agregó y explicó que las viejas reglas no se pueden aplicar ahora dado que los móviles se han convertido casi en una parte importante de la anatomía humana.
Dos controvertidos casos
Uno de los casos a los que se refiere la sentencia se remonta a 2009, cuando un individuo fue detenido por llevar las placas de la matrícula de su automóvil caducadas días después de haber sido tiroteado desde un automóvil en marcha en San Diego (California).
En su inspección, los agentes encontraron dos pistolas que, según se determinó después, se habían usado en el tiroteo.
La policía arrestó al individuo y le confiscó el teléfono móvil que llevaba, inspeccionó los datos sin orden judicial y encontró que era miembro de una pandilla callejera y que había estado cerca del sitio del tiroteo a la hora del ataque.
El individuo fue finalmente condenado por intento de homicidio con el agravante de actividades pandilleras.
El otro caso se inició en Boston en septiembre de 2007, cuando la policía detuvo a Brima Wurie por vender drogas a otro individuo, y en la estación policial le confiscaron dos teléfonos celulares.
La policía, sin orden judicial, revisó los datos del teléfono y los registros de llamadas, lo cual condujo a una residencia donde se halló crack, marihuana, dinero en efectivo, un arma y municiones.
En ambos casos, los acusados defendieron que la información de sus teléfonos, obtenida sin autorización judicial, no debió usarse en su contra porque se obtuvo en violación de sus derechos.
Fuente: Univisión
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